Jimmy Lai tiene 78 años y es el fundador de Apple Daily, el diario pro-democracia más influyente que tuvo Hong Kong hasta su cierre forzado en 2021. Lo detuvieron en agosto de 2020, apenas un mes después de que Beijing impusiera sobre la ciudad la Ley de Seguridad Nacional que siguió a las protestas masivas de 2019. Su juicio se convirtió en uno de los más largos y observados bajo esa ley: 156 días de audiencias que arrancaron en diciembre de 2023 y terminaron el 15 de diciembre de 2025 con un veredicto de 855 páginas que lo declaró culpable de dos cargos de colusión con fuerzas extranjeras y de un cargo de sedición basado en una ley de la época colonial británica.
Los jueces —tres magistrados designados especialmente por el gobierno, sin jurado, tal como establece la propia Ley de Seguridad Nacional— sostuvieron que Lai extendió una «invitación constante» a Estados Unidos para desestabilizar al gobierno chino, apoyándose en reuniones que mantuvo en 2019 con funcionarios como el entonces vicepresidente Mike Pence, el secretario de Estado Mike Pompeo y el asesor de seguridad nacional John Bolton.
El 9 de febrero de 2026 la Justicia lo condenó a 20 años de prisión, la pena más larga dictada hasta ahora bajo esa norma, superando el récord previo de 10 años que había recibido el académico Benny Tai en 2024. Como ya lleva más de cinco años detenido —buena parte del tiempo en confinamiento solitario, en muchos casos por pedido propio—, si cumple la condena completa saldrá recién cerca de los 96 años.
Los otros condenados del caso Apple Daily
Lai no fue el único sentenciado ese 9 de febrero. Junto a él comparecieron seis ex directivos y periodistas de Apple Daily, que se habían declarado culpables en 2022 a cambio de testificar contra su ex jefe: el editor en jefe Ryan Law, el editor ejecutivo Lam Man-chung y el editor de la edición en inglés Fung Wai-kong recibieron 10 años cada uno; el ex CEO Cheung Kim-hung fue condenado a seis años y nueve meses; la ex subeditora Chan Pui-man, a siete años; y el editorialista Yeung Ching-kee, a siete años y tres meses.
Ese mismo día también fueron sentenciados dos colaboradores más jóvenes vinculados al grupo de lobby internacional Stand with Hong Kong, que también testificaron contra Lai: Wayland Chan recibió seis años y tres meses, y Andy Li, siete años y tres meses.

El Grupo de los 47 y otros presos de conciencia
El caso de Lai no está aislado: forma parte de una represión mucho más amplia contra el movimiento pro-democracia. El ejemplo más grande es el llamado «Grupo de los 47»: decenas de políticos opositores y activistas fueron procesados y encarcelados bajo la Ley de Seguridad Nacional por haber participado en unas elecciones primarias no oficiales en 2020, en uno de los mayores macrojuicios políticos de la historia reciente de Hong Kong.
Entre las figuras más reconocidas de ese universo de presos está Chow Hang-tung, abogada de derechos humanos y ex líder de la organización que durante 30 años organizó la vigilia anual de Tiananmen en Hong Kong. Fue condenada a siete años y nueve meses de prisión en 2024 por su rol en ese mismo Grupo de los 47, y en 2026 sigue además enfrentando un juicio separado por haber convocado, vía redes sociales, a encender velas en memoria de las víctimas de Tiananmen.
Amnistía Internacional la reconoció formalmente como presa de conciencia en octubre de 2024, junto con Lai y con el activista chino Ding Jiaxi, y sigue reclamando su liberación inmediata.
Quién ayuda a Lai y qué hizo Trump
Del lado de Lai, la familia no está sola en el reclamo. Su esposa Teresa y su hija Claire vienen sosteniendo desde hace años una campaña pública por su liberación, apoyadas también por el entorno católico del empresario: se convirtió a esa fe en 1997, bautizado por el cardenal Joseph Zen, hoy retirado pero todavía activo en acompañarlo públicamente.
Amnistía Internacional y otras organizaciones de derechos humanos denuncian el caso como parte de un uso cada vez más amplio de la Ley de Seguridad Nacional contra la disidencia, mientras que en Washington la Cámara de Representantes aprobó una resolución pidiendo la liberación de presos políticos en China que incluye explícitamente a Lai, y más de 30 senadores de ambos partidos —entre ellos Ashley Moody y Rick Scott— enviaron cartas formales pidiéndole a Donald Trump que use sus reuniones con Xi Jinping para conseguir su excarcelación. Londres también reclama por él: Lai es ciudadano británico.

Trump, de hecho, planteó el caso directamente con Xi en al menos dos encuentros: primero en octubre de 2025, al margen de la cumbre de APEC, y después en la cumbre bilateral en Beijing del 14 y 15 de mayo de 2026, donde el propio Trump asegura haberle entregado a Xi una lista de presos políticos y religiosos e insistido personalmente por la situación de Lai. El resultado, sin embargo, fue negativo.
Según el relato que hizo el propio Trump al volver de China, Xi calificó el caso como «particularmente difícil» y no ofreció ninguna concesión; el presidente estadounidense admitió ante la prensa que no era optimista al respecto. En contraste, Xi permitió la liberación reciente de Jin Mingri, un pastor evangélico que había permanecido detenido en China, lo que deja bastante claro que Beijing trata a Lai como un asunto de soberanía política de otro nivel, no negociable, muy distinto al de otros presos con menor peso simbólico.
Pese al fracaso concreto de la gestión, la familia de Lai agradeció públicamente el gesto de Trump y expresó su esperanza de que las conversaciones sigan en futuros encuentros entre ambos líderes.
Ese mismo clima de censura se refleja, a menor escala, en el cierre reciente de librerías independientes en Hong Kong: en julio de 2026 la Policía de Seguridad Nacional allanó dos locales en Mong Kok, entre ellos Greenfield Book Store, la librería independiente más antigua de la ciudad, que terminó anunciando su cierre por vencimiento de contrato tras 50 años de historia, en el marco de la misma ley que mantiene preso a Lai.

