Un empresario chino de bajo perfil público se convirtió en el epicentro de la mayor crisis política de Perú en los últimos meses. Zhihua Yang, propietario de tiendas y titular de una concesión energética en el país andino, protagonizó las reuniones secretas que precipitaron la destitución del presidente José Jerí apenas cuatro meses después de que asumiera el cargo.
El caso, bautizado rápidamente como «Chifagate» por la prensa peruana, estalló cuando trascendieron imágenes del entonces mandatario llegando de noche, con capucha, a un restaurante para reunirse clandestinamente con Yang. Lo que convirtió el encuentro en un escándalo de Estado fue su completa ausencia en la agenda oficial: la cita nunca fue comunicada ni registrada públicamente, lo que encendió las alarmas sobre la naturaleza de los vínculos entre el jefe del Ejecutivo y el empresario extranjero.
La figura de Zhihua Yang resulta especialmente sensible en el contexto político peruano. El empresario no es un inversor anónimo: posee una concesión energética activa en el país, lo que lo convierte en un actor con intereses directos en decisiones gubernamentales. Que el presidente de la República sostuviera encuentros no declarados con alguien en esa posición desató acusaciones de tráfico de influencias y opacidad en el ejercicio del poder, conceptos que la oposición parlamentaria no tardó en explotar.
La congresista Ruth Luque, que impulsó la destitución, fue explícita al respecto: reclamó el fin de una política marcada por «intereses ocultos, tráfico de influencias, reuniones secretas y figuras encapuchadas». La referencia a la imagen del presidente encapuchado camino al encuentro con Yang se volvió el símbolo más poderoso del escándalo.
El Congreso destituyó a Jerí con 75 votos a favor, 24 en contra y tres abstenciones, utilizando un mecanismo de censura con mayoría simple en lugar del juicio político tradicional, que habría requerido 87 votos. Su condición de presidente interino —había llegado al cargo en octubre de 2025 por línea de sucesión, tras la destitución de Dina Boluarte— facilitó jurídicamente su salida.
Perú enfrenta así su octava presidencia en pocos años, a menos de dos meses de las elecciones generales del 12 de abril. El caso Zhihua Yang quedará como un recordatorio de cómo los vínculos no transparentes entre funcionarios y empresarios extranjeros pueden detonar crisis institucionales de magnitud inusitada.
