El megapuerto más ambicioso de América del Sur convirtió a Lima en un nodo logístico del Pacífico, pero también en campo de batalla entre Washington y Beijing.
Inaugurado en noviembre de 2024 en el marco de la cumbre APEC, con la presencia simultánea de Xi Jinping y Dina Boluarte, el puerto de Chancay nació como símbolo de una nueva era para el comercio latinoamericano. Con una inversión proyectada superior a los 3.500 millones de dólares y capacidad para un millón de contenedores anuales, posiciona al Perú como el principal hub marítimo entre Sudamérica y Asia, reduciendo el tiempo de navegación entre Lima y Shanghai de 35 a 23 días. Entre enero y octubre de 2025, el terminal movilizó cerca de 1.880 millones de dólares en comercio y aportó más de 230 millones en recaudación aduanera. El Banco Central de Reserva proyecta que en su fase de plena operación contribuirá hasta un 0,9% del PBI.
Los números son, a primera vista, irrefutables. Brasil mira a Chancay como su ventana más corta hacia Asia. Industrias de todo el Cono Sur evalúan instalarse en su entorno si avanza una ley de zonas económicas especiales. El puerto inteligente de Cosco —con automatización de grúas, sistemas de monitoreo satelital y logística integrada— no tiene equivalente en la costa del Pacífico sudamericano.
Pero debajo de esa promesa se abrió una grieta institucional que nadie había anticipado en su magnitud.
El fallo que lo cambió todo
El 29 de enero de 2026, un juez constitucional de Lima declaró fundado un amparo presentado por Cosco Shipping y ordenó al regulador Ositrán abstenerse de supervisar, fiscalizar y sancionar las operaciones del terminal. El argumento: al ser un puerto construido íntegramente con capital privado —sin subsidios ni concesión estatal— no podría aplicársele el mismo régimen que a los puertos públicos. La presidenta de Ositrán lo calificó de inédito. Nunca antes un supervisado había solicitado un amparo para que no se le aplicara la ley.
Washington reaccionó con rapidez y sin matices. El 11 de febrero, el Departamento de Estado advirtió que Perú podría quedar imposibilitado de supervisar su propio puerto bajo la jurisdicción de propietarios chinos, y lanzó una advertencia al continente: «el dinero barato chino cuesta soberanía». Beijing respondió con igual contundencia, calificando las declaraciones estadounidenses de fabricación y difamación, y reafirmando que el puerto no tiene extraterritorialidad política, administrativa, tributaria ni regulatoria.
Lima, atrapada entre las dos potencias, intentó mantener el equilibrio. El canciller peruano declaró que no sería de interés del país inflamar las tensiones y que el puerto cumple plenamente con las regulaciones nacionales: «La soberanía no está en juego».
Cuando la infraestructura se vuelve geopolítica
El problema de fondo no es jurídico. Es estructural. El académico Juan Liendo, experto del Colegio de Guerra del Ejército de Perú, advirtió que un activo con dimensión geopolítica operando en un entorno institucional débil se convierte en un factor de distorsión y en un riesgo para el país, y alertó que el puerto podría ser usado como instrumento de presión si las disputas con Ositrán escalan.
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La dimensión militar tampoco está ausente del debate. Legisladores estadounidenses describieron a Chancay como el puerto chino más grande del hemisferio y advirtieron sobre su potencial uso dual, sugiriendo que podría servir de apoyo a operaciones navales chinas en el Pacífico oriental. La afirmación es discutible en sus detalles técnicos, pero refleja el clima de época: cualquier infraestructura crítica controlada por una empresa estatal china es leída hoy en Washington bajo el prisma de la seguridad nacional, no del comercio.
La simultaneidad de los hechos no pasó inadvertida: días después del fallo judicial, el Congreso peruano destituyó al presidente interino José Jeri, cuya causal fueron reuniones no reveladas con empresarios chinos investigados por presuntos actos de corrupción. Correlación no es causalidad, pero el episodio alimentó la narrativa de una influencia china que opera en múltiples capas simultáneas: inversión, litigio judicial y vínculos políticos.
Un espejo para la región
Lo que ocurre en Chancay no es un caso aislado solamente. Es un laboratorio. América Latina lleva dos décadas recibiendo infraestructura china bajo la lógica del win-win: puertos, rutas, represas, cables submarinos. En la mayoría de los casos, los contratos fueron opacos, las cláusulas de arbitraje favorables al inversor y la capacidad regulatoria del Estado receptor, débil. Chancay es el primer caso en que esa ecuación llega a los tribunales —y en que la respuesta judicial le da la razón al inversor extranjero frente al propio Estado.
La pregunta que el puerto deja abierta no es si Perú ganó o perdió en términos económicos. Con esos números, claramente ganó. La pregunta es a qué precio, y quién lo fija. Porque cuando una empresa estatal de una potencia puede litigar con éxito para excluirse de la supervisión del país anfitrión, el concepto de soberanía deja de ser una declaración diplomática y se convierte en una variable más del balance comercial.
Chancay es una bendición, con letra chica incluída. Y la letra chica, en geopolítica, suele ser lo más importante.
