La multinacional belga Jan de Nul hizo esta semana lo que pocas empresas en el mundo se ven obligadas a hacer antes de ganar una licitación: jurar que no tiene vínculos con China.
En un comunicado fechado el 27 de mayo, la firma aseguró que la estructura societaria proyectada para la futura concesionaria de la hidrovía Paraná-Paraguay «no contempla participación de empresas chinas, financiamiento soberano extranjero ni injerencia estatal externa en la operación de la concesión.» Más aún: se comprometió a priorizar «soluciones tecnológicas provistas por compañías occidentales», dando preferencia explícita a proveedores estadounidenses.
La declaración no es un gesto menor. Es el resultado directo de una presión geopolítica que llegó desde Washington y que convirtió a una licitación de dragado fluvial en el último capítulo de la disputa global por el control de infraestructura crítica.
La hidrovía y lo que está en juego
La hidrovía Paraná-Paraguay es la columna vertebral logística del interior de Sudamérica. Por ella sale al Atlántico la carga de cinco países —Argentina, Bolivia, Brasil, Paraguay y Uruguay— y su concesión por 25 años implica un ingreso promedio de 618,6 millones de dólares anuales para el operador. No es un contrato cualquiera: es el control de una de las arterias comerciales más importantes del continente.
El Gobierno de Javier Milei lanzó un segundo proceso licitatorio luego de que el primero, iniciado en noviembre de 2024, fuera declarado nulo en febrero de 2025 tras recibir una única oferta. En esta segunda ronda quedaron frente a frente dos multinacionales belgas: Jan de Nul, en sociedad con la argentina ServiMagnus, y DEME. Ambas presentaron ofertas económicas idénticas, pero el gobierno otorgó mejor calificación técnica a Jan de Nul.
Cuando entra Washington
El proceso se complicó cuando un consorcio de empresas estadounidenses que respalda a DEME envió una carta a la Casa Blanca y al gobierno argentino advirtiendo sobre falta de transparencia y un supuesto sesgo a favor del competidor. A eso se sumó una comunicación del congresista republicano Brian Mast, presidente de la Comisión de Relaciones Exteriores de la Cámara de Representantes, al secretario de Estado Marco Rubio, alertando sobre presuntos vínculos de Jan de Nul con entidades estatales chinas.
El resultado fue una reunión de directivos de Jan de Nul con el embajador estadounidense en Buenos Aires, Peter Lamelas, y la posterior declaración pública descartando cualquier participación china.
El contexto que lo explica todo
Lo que parece una disputa técnica entre dos empresas belgas es en realidad un reflejo local de una tensión global. China opera o tiene participación en más de 160 puertos en más de 60 países, incluyendo al menos 37 en América Latina y el Caribe, según datos del Centro de Estudios Estratégicos e Internacionales (CSIS) de Washington. En la región controla terminales clave en Panamá, Brasil, México, Perú y Argentina —donde ya opera en el puerto de Buenos Aires—, y acaba de inaugurar Chancay, en Perú, su hub más ambicioso en el Pacífico sudamericano.
En ese escenario, la administración Trump viene endureciendo su postura frente a cualquier participación china en infraestructura latinoamericana considerada estratégica. La hidrovía Paraná-Paraguay —que conecta el corazón agroindustrial del continente con el océano— califica perfectamente en esa categoría.
La movida de Jan de Nul es, en ese sentido, pragmática: en el nuevo mapa geopolítico, para ganar una concesión en América del Sur ya no alcanza con tener la mejor propuesta técnica. Hay que certificar también de qué lado de la fractura global se está parado.
