El Senado analiza un capítulo del proyecto de Ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada que redefine el acceso de extranjeros a inmuebles rurales y prohíbe la compra por parte de Estados y empresas bajo control estatal, en un contexto de creciente inquietud por las inversiones de Beijing.
El Congreso argentino avanza en una reforma sustancial del régimen de tenencia de tierras rurales. El nuevo esquema, incluido como capítulo dentro del proyecto de Ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada que debate el Senado, reordena las condiciones bajo las cuales personas y empresas extranjeras pueden adquirir campos en el país, y establece una prohibición categórica para un actor específico: los Estados extranjeros y las compañías que estos controlan de manera directa o indirecta.
Aunque el dictamen de comisión evita nombrar a ningún país, la lectura dominante en el ámbito legislativo y diplomático es que la norma apunta, ante todo, a acotar el margen de maniobra del capital estatal chino, cuya presencia en el agro y los recursos naturales sudamericanos se aceleró en los últimos años.
Qué establece el proyecto
El texto en discusión reconoce que los extranjeros conservan los derechos patrimoniales garantizados por la Constitución argentina, pero introduce un régimen diferenciado para los inmuebles rurales. La prohibición de compra alcanza a cualquier Estado extranjero, y se extiende a las empresas con participación estatal, que solo podrán operar si obtienen una autorización expresa de dos instancias: la provincia donde se ubica el campo y el Poder Ejecutivo Nacional.
El diseño institucional preserva la jurisdicción provincial sobre el territorio, pero coloca al Gobierno nacional como supervisor de las operaciones que involucren compradores extranjeros. Un detalle relevante del dictamen es el mecanismo de silencio administrativo: si las autoridades no responden a la solicitud de autorización dentro de los plazos previstos, la operación se considera aprobada, con un esquema que entra a regir a los 180 días de la sanción de la ley.
El proyecto también anticipa las maniobras elusivas más habituales en este tipo de regímenes. La utilización de personas físicas o jurídicas como pantalla para simular titularidad queda expresamente tipificada como fraude, con las sanciones correspondientes. Para las zonas de seguridad de frontera —históricamente sensibles en la relación con inversores extranjeros— se exige el doble aval provincial y nacional bajo el mismo esquema de plazos.
La reforma no afecta derechos adquiridos antes de su sanción, pero sí deroga artículos de la Ley 26.737 —la norma de tierras sancionada en 2011— y del decreto ley 15.385/44, reemplazando el andamiaje regulatorio anterior por uno nuevo.
El factor Beijing
El trasfondo geopolítico del debate es difícil de ignorar. A comienzos de julio, el Gobierno chino emitió una directiva que obliga a sus empresas en el exterior a priorizar la legislación de la República Popular por sobre las normativas de los países donde operan. La medida encendió alarmas en varias capitales, incluida Buenos Aires, por el riesgo de que compañías con respaldo estatal adquieran activos estratégicos y respondan, en última instancia, a los intereses de Beijing antes que al marco jurídico local.
En ese contexto, las restricciones al capital con participación estatal extranjera son leídas como un cerrojo preventivo frente al desembarco de fondos y empresas chinas en el sector agropecuario y de recursos naturales. El dictamen no menciona a China, pero los antecedentes internacionales y el momento elegido para el debate alimentan esa interpretación entre legisladores y analistas.
Tensiones internas y escenario parlamentario
La discusión llegó al recinto con ruido político propio. La previa de la sesión estuvo atravesada por un fuerte cruce entre la vicepresidenta Victoria Villarruel y la senadora Patricia Bullrich, dos figuras centrales del oficialismo, por la definición de la agenda parlamentaria y la inclusión del capítulo de tierras en el temario. El episodio expuso una fisura interna en el bloque gobernante justo cuando el proyecto requiere disciplina legislativa para prosperar.
En el plano de fondo, el debate reproduce una tensión clásica de la política económica argentina. Los defensores de la reforma sostienen que el país debe resguardar su soberanía territorial y evitar que actores vinculados a otros Estados acumulen grandes extensiones sobre recursos estratégicos. Los críticos advierten que las nuevas trabas pueden desalentar inversiones legítimas y frenar el desarrollo productivo en un momento en que Argentina necesita capital.
El tratamiento continuará en las próximas semanas, con presiones cruzadas de sectores económicos, gobernadores y bloques opositores que reclaman modificaciones. El desenlace definirá no solo el marco de propiedad rural, sino también un capítulo relevante de la estrategia argentina frente a China y a los demás países que promueven inversiones en su sector agropecuario.
