La empresa Central Union Oil produjo entre abril y junio aceite de soja con niveles de un carcinógeno muy por encima del límite legal, que llegó a escuelas, comida de conveniencia y cientos de productos recallados. La oposición exige la renuncia del primer ministro y una disculpa presidencial, a meses de elecciones locales.
Un escándalo alimentario se transformó en la mayor crisis política que enfrenta el gobierno de Taiwán en lo que va del año. La empresa Central Union Oil Corp, con sede en Taichung, produjo entre abril y junio aceite de soja con niveles de benzo[a]pireno —un compuesto carcinógeno— muy por encima del límite legal, hasta cuatro veces el máximo permitido según las autoridades sanitarias.
El volumen exacto varía según la fuente: algunas cifras hablan de 1.300 toneladas producidas directamente por la empresa, mientras que otras estimaciones llegan a casi 29.000 toneladas si se suma todo lo que terminó distribuido a través de procesadoras de alimentos más grandes. El aceite contaminado llegó a escuelas, comida de conveniencia, fideos instantáneos, panificados, salsas y platos de restaurante. Más de 400 productos fueron recallados, y se detectó además una exportación del producto contaminado a Corea del Sur.
De la crisis sanitaria a la crisis política
El episodio no quedó circunscripto al plano sanitario. El gobierno de Taichung ordenó suspender la producción de la empresa el 1 de julio, un día después de conocer el problema, pero la gestión de la crisis fue errática desde el inicio: la política de recall cambió varias veces, primero exigiendo el retiro solo de productos con más del 20% de aceite contaminado, y después ordenando el retiro total.
Esa marcha atrás alimentó las acusaciones de encubrimiento por parte de la oposición.
Movilizaciones masivas frente a la Oficina Presidencial
El sábado 25 de julio, el Kuomintang (KMT), principal partido opositor, organizó una masiva marcha en el bulevar Ketagalan, frente a la Oficina Presidencial en Taipei, bajo la consigna «Me opongo a envenenar Taiwán» (我是人，我反對毒害台灣).
Los organizadores reclamaron una convocatoria de 150.000 personas, en una de las movilizaciones más grandes del año contra el gobierno.
Renuncia al primer ministro, disculpas al presidente
El pedido de dimisión apunta al primer ministro, no directamente al presidente. La oposición exige la renuncia del premier Cho Jung-tai (卓榮泰) y de dos funcionarios de salud —el ministro Shih Chung-liang y el director de la Administración de Alimentos y Medicamentos taiwanesa, Chiang Chih-kang—, mientras que al presidente Lai Ching-te (賴清德) le reclaman una disculpa pública, no su salida del cargo.
Ya el 8 de julio, una comisión legislativa había aprobado una moción de la oposición en ese sentido.
El oficialista Partido Democrático Progresista (DPP) rechaza las renuncias y sostiene que la responsabilidad primaria recae sobre la empresa, que no reportó el problema a tiempo a las autoridades.
Elecciones a la vista
El trasfondo político explica la velocidad de la reacción opositora: todo esto ocurre a meses de elecciones locales, lo que llevó al KMT a capitalizar rápidamente el escándalo.
El Taiwan People’s Party (TPP), tercera fuerza en el sistema político taiwanés, también sumó presión, acusando al DPP de haber estado más enfocado en la campaña electoral que en atender la crisis sanitaria.
La lectura de fondo: la vulnerabilidad alimentaria de una isla en tensión
Más allá de la coyuntura electoral, el episodio expone una vulnerabilidad estructural de Taiwán que excede el escándalo puntual: una alta dependencia de insumos alimentarios importados y cadenas de procesamiento con controles de calidad que mostraron fallas evidentes.
Esa fragilidad cobra una dimensión geopolítica adicional en momentos en que la isla ya enfrenta un debate de fondo sobre su seguridad alimentaria ante un eventual bloqueo del Estrecho de Taiwán, un escenario que —a diferencia de un escándalo corporativo— dejaría a la isla sin margen de reacción para sustituir en semanas lo que hoy no logra ni siquiera fiscalizar dentro de sus propias fronteras.
