La distribuidora eléctrica patagónica defendió sus tratativas con Huawei para un data center en Vaca Muerta, tras recibir advertencias informales sobre la revocación de visas a sus directivos.
La Cooperativa Provincial de Servicios Públicos y Comunitarios de Neuquén Limitada (CALF) quedó en el centro de una controversia diplomática luego de que un funcionario de la embajada de Estados Unidos le solicitara, por WhatsApp, dar de baja las negociaciones que mantiene con la firma china Huawei para el desarrollo de un data center en la zona de influencia de Vaca Muerta.
El origen del conflicto
Según reconstruyó La Nación, Andrew Dilts, agregado de Asuntos Económicos de la embajada estadounidense, contactó al gerente de Tecnología de CALF, Sergio Fernández Novoa, para pedirle que cancelara el proyecto con Huawei, bajo la advertencia de que su continuidad derivaría en la restricción o revocación de visas para los directivos de la cooperativa. En el mensaje, Dilts afirmó que Washington «está implementando una nueva política que restringe o revoca visas para los directivos que expanden las operaciones de Huawei en Argentina» y preguntó si era posible «terminar esta iniciativa con Huawei».
Fernández Novoa sostuvo que el diplomático obtuvo su contacto a través del gobierno provincial neuquino, aunque fuentes de la gobernación de Rolando Figueroa dijeron desconocer la situación.
La respuesta de CALF
Tras informar lo sucedido a la presidencia y al consejo de administración, la cooperativa intimó formalmente a la embajada estadounidense. El 29 de julio, el presidente del consejo, Marcelo Severini, envió una nota al embajador Peter Lamelas en la que reconoció el derecho soberano de Estados Unidos a administrar sus visas, pero exigió precisiones sobre si las advertencias reflejaban una postura oficial, qué norma de visado ampararía sanciones a directivos de empresas privadas, y qué conducta concreta de CALF habría «traspasado los límites» mencionados en el mensaje.
Ante la falta de respuesta, el 4 de agosto CALF elevó el reclamo a la Cancillería argentina, solicitando al canciller Pablo Quirno que exija a Washington canalizar sus objeciones a través de los conductos diplomáticos formales.
En paralelo, la cooperativa difundió un comunicado en el que remarcó que su infraestructura es «multiproveedor» y que conviven en ella marcas estadounidenses como HPE, APC y Eaton, junto a las europeas ABB y MikroTik. Sobre Huawei, explicó que la eligió por ofrecer «la mejor combinación de calidad, precio y financiamiento», y denunció sufrir un «trato singular» frente a otras grandes empresas argentinas de telecomunicaciones y energía que también emplean tecnología china sin recibir advertencias similares.
Fernández Novoa confirmó a La Nación que el proyecto del data center aún no fue adjudicado y que evalúan alternativas estadounidenses como Vertiv y Schneider junto a la opción de Huawei. «Nos sorprendió el nivel de apriete e intimidación. Si en vez de eso nos proponían una mejor oferta comercial, le comprábamos a Estados Unidos», señaló el gerente.
La versión de Washington
El embajador Lamelas defendió la posición de su país ante Clarín, aclarando que no se trata de una injerencia en la soberanía argentina sino de una cuestión de seguridad nacional vinculada a Vaca Muerta. Según Lamelas, se contactó con las autoridades de CALF para preguntar por qué no se habían considerado empresas estadounidenses, pero la cooperativa evitó el diálogo.
Consultado por el medio, el vocero de la embajada estadounidense evitó referirse al caso puntual, pero remarcó que «el ingreso a Estados Unidos es un privilegio, no un derecho» y que Washington «revisa continuamente los requisitos para la elegibilidad de visas», en línea con los lineamientos del secretario de Estado Marco Rubio.
Lectura geopolítica
El caso CALF expone cómo la disputa tecnológica entre Washington y Beijing empieza a tensionar decisiones de infraestructura a nivel subnacional en Argentina, incluso en sectores sensibles como Vaca Muerta. La presión informal sobre directivos de una cooperativa provincial —por fuera de los canales diplomáticos tradicionales— anticipa un patrón que podría repetirse en otras provincias y empresas de servicios públicos que ya utilizan tecnología china, en momentos en que el gobierno de Javier Milei busca sostener el equilibrio entre su alineamiento con Washington y los vínculos comerciales preexistentes con Beijing.
