En el Museo Memorial de las Víctimas de la Masacre de Nanjing, visitantes de todo el mundo recorren salas que documentan meticulosamente los horrores de la invasión japonesa. Fotografías, testimonios y cifras construyen la narrativa de una nación victimizada por la brutalidad extranjera. Entre 1937 y 1945, la ocupación nipona cobró entre 15 y 20 millones de vidas chinas —algunas estimaciones oficiales elevan la cifra hasta 35 millones incluyendo heridos y desplazados. Solo la Masacre de Nanjing dejó hasta 300.000 muertos solo en semanas de violencia sistemática.
Las operaciones militares de «Tres Todos» —matar todo, quemar todo, saquear todo— devastaron regiones enteras, mientras la infame Unidad 731 experimentaba con armas biológicas sobre prisioneros. Es una historia de sufrimiento que China conmemora oficialmente, enseña en sus escuelas y presenta al mundo como fundamento de su identidad moderna.
Pero hay otra catástrofe, de magnitudes potencialmente mayores, que permanece envuelta en un silencio cuidadosamente mantenido. Entre 1949 y 1970, las políticas implementadas por Mao Zedong causaron la muerte de entre 40 y 70 millones de chinos. No fueron víctimas de invasores extranjeros ni de bombardeos enemigos, sino de decisiones tomadas por su propio gobierno en tiempos oficialmente de paz.
El episodio más devastador fue el Gran Salto Adelante, lanzado en 1958 con la promesa de catapultar a China hacia la modernidad industrial. La colectivización forzada del campo, combinada con cuotas de producción absurdas y políticas agrícolas desastrosas, desencadenó una hambruna de proporciones bíblicas. Las estimaciones académicas más conservadoras hablan de 30 a 40 millones de muertos entre 1958 y 1962, aunque algunas investigaciones elevan la cifra hasta 45 millones.
Millones más sufrieron desnutrición severa que marcó generaciones. Para contextualizar: en cuatro años de políticas equivocadas murieron potencialmente el doble de chinos que durante ocho años de ocupación japonesa.
Pero el Gran Salto Adelante no fue un caso aislado. Entre 1949 y 1953, la reforma agraria y la eliminación de «terratenientes» costó entre 1 y 2 millones de vidas. La Campaña de Supresión de Contrarrevolucionarios sumó cifras similares. El Movimiento Anti-derechista (1957-1959) persiguió a hasta 700,000 personas, decenas de miles murieron ejecutadas o en campos de trabajo. La Revolución Cultural, que comenzó en 1966, añadió entre 1.5 y 2 millones de muertos por violencia directa, cientos de miles más por suicidio, y millones perseguidos o torturados. El patrimonio cultural milenario de China fue sistemáticamente destruido por jóvenes Guardias Rojos convencidos de estar construyendo un futuro luminoso.
La diferencia en la naturaleza de estas tragedias es fundamental para entender por qué una se recuerda y la otra se silencia. La brutalidad japonesa fue violencia militar explícita: masacres, bombardeos, ejecuciones. Es fácil de visualizar, de condenar, de convertir en narrativa nacional de resistencia heroica contra un agresor externo. Las muertes en los primeros años de gesta de la «Nueva China» fueron mayormente invisibles: campesinos muriendo de hambre en aldeas remotas, intelectuales suicidándose en celdas de «reeducación», familias enteras desapareciendo en purgas burocráticas. No hay enemigo extranjero al cual culpar, solo decisiones catastróficas tomadas por los propios líderes chinos.
Esta distinción explica la asimetría radical en la memoria histórica. Mientras China mantiene museos, días conmemorativos y campañas educativas sobre la invasión japonesa —y con razón—, las víctimas de aquellos años permanecen como un tema oficialmente sensible. No hay memorial del Gran Salto Adelante en Beijing. Los libros de texto minimizan los «errores» como episodios lamentables pero comprensibles en el contexto de la construcción nacional. Investigadores que intentan documentar las cifras reales enfrentan censura. Las familias de víctimas aprenden que algunos muertos merecen duelo público y otros solo silencio privado.
La paradoja es dolorosa: el Partido Comunista Chino construyó su legitimidad sobre la narrativa de haber liberado a China de la opresión extranjera y el caos, pero causó más muertes chinas que cualquier invasor. Mao ya fue perdonado, y hoy es idolatrado, sin luces ni sombras. Sigue presente en billetes y retratos oficiales; su mausoleo domina la Plaza de Tiananmen. Criticarlo directamente sigue siendo políticamente peligroso.
China exige —justificadamente— que Japón enfrente su historia de agresión. Por eso, no se trata de relativizar la brutalidad japonesa ni de establecer competencias macabras entre tragedias. Ambas fueron reales, ambas devastaron millones de vidas, ambas merecen ser recordadas. Pero la selectividad de la memoria revela cómo los estados construyen identidades nacionales eligiendo qué pasados honrar y cuáles enterrar.
