La nueva normativa de «unidad étnica», que responsabiliza legalmente a organizaciones y personas en el extranjero por «generar divisiones» entre el pueblo chino, refuerza el control sobre minorías étnicas y la estrategia de Pekín hacia la isla de Taiwán.
China puso en vigencia este miércoles la Ley de Promoción de la Unidad y el Progreso Étnico, una normativa que sus críticos consideran un paso más en las políticas de asimilación hacia las minorías del país y que, por primera vez, extiende la responsabilidad legal a organizaciones e individuos en el extranjero acusados de fomentar divisiones entre la etnia Han mayoritaria y los 55 grupos étnicos minoritarios reconocidos oficialmente.
Una ley con mirada puesta en Taiwán
La legislación, aprobada en marzo por el parlamento chino —de carácter esencialmente ratificador—, también apunta a profundizar el proceso de unificación entre el territorio continental y Taiwán, la isla autogobernada que Pekín reclama como parte de su soberanía. El texto establece que el Estado promoverá el intercambio económico y cultural a través del estrecho y buscará reforzar el «sentido de pertenencia» de los taiwaneses hacia el pueblo chino.
El Consejo de Asuntos Continentales de Taiwán advirtió que la norma contiene disposiciones deliberadamente ambiguas que podrían utilizarse para intimidar a la población, favoreciendo la autocensura ante la incertidumbre sobre qué conductas podrían considerarse ilegales. Su subdirector, Liang Wen-chieh, señaló que los ciudadanos taiwaneses deben mantenerse alerta, ya que Pekín ya cuenta con herramientas legales de definición amplia para procesarlos, por lo que el riesgo de viajar al territorio continental no cambia con la nueva ley.
Pekín considera a Taiwán una provincia rebelde que debe reincorporarse a China, por la fuerza si es necesario. Ambos gobiernos se administran de manera separada desde 1949, tras la guerra civil china.
Vigilancia comunitaria y control del idioma
Un funcionario del Departamento de Trabajo del Frente Unido, brazo del Partido Comunista a cargo de las políticas hacia minorías étnicas, destacó a fines de junio que la ley busca consolidar un «fuerte sentido de comunidad de la nación china». Organizaciones internacionales de derechos humanos advirtieron que la norma profundizará las restricciones sobre tibetanos, uigures y mongoles.
A mediados de junio, el Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos, Volker Turk, había pedido la derogación de la ley, al considerar que agrava las restricciones sobre la libertad de idioma, educación, religión, cultura, expresión y reunión, y que castiga el ejercicio pacífico de los derechos de las minorías.
El texto legal indica que los asuntos vinculados a la unidad étnica «no deben ser interferidos por fuerzas extranjeras» y que cualquier uso de excusas como etnia, religión o derechos humanos para «insultar o reprimir» a China será «resueltamente combatido». En las escuelas se promoverá la enseñanza del mandarín desde el nivel preescolar, aunque la norma sostiene que todos los grupos étnicos son «iguales» y que se protegen las lenguas y escrituras minoritarias. También habilita a los ciudadanos a presentar denuncias sobre conductas que atenten contra la unidad étnica, lo que incentiva la vigilancia comunitaria.
Un abogado especializado en derechos humanos en China expresó preocupación por la posibilidad de una aplicación arbitraria de la ley, dado que no especifica con claridad qué constituye una violación, lo que podría habilitar su uso para eliminar a grupos o individuos incómodos para el liderazgo del país.
Japón eleva el tono
En Japón, cuatro bancadas legislativas emitieron el martes una declaración conjunta expresando preocupación por la nueva legislación, que —advirtieron— podría intensificar la represión económica, social y cultural sobre las minorías étnicas en China. El comunicado señaló además que la aplicación extraterritorial de la ley podría afectar la libertad de expresión y la investigación académica en Japón, además de aumentar la vigilancia sobre tibetanos y uigures residentes en el país.
Keiji Furuya, del gobernante Partido Liberal Democrático y titular de uno de los grupos legislativos, sostuvo que ningún país democrático puede tolerar esta legislación y remarcó la necesidad de elevar una protesta formal. El canciller japonés, Toshimitsu Motegi, indicó el martes que Tokio «actuará de manera apropiada» frente a la nueva ley china para garantizar que no se vea comprometida la seguridad de los ciudadanos japoneses.
