El aumento de los requisitos para la visa de gestor comercial de Japón preocupa a residentes chinos que eligieron el archipiélago nipón para vivir.
Residentes chinos que se mudaron a Japón en búsqueda de mayor libertad expresan una creciente inquietud ante el endurecimiento de las reglas migratorias: temen que los nuevos requisitos para obtener y renovar visas de gestor comercial los obliguen a abandonar el país.
Li Jinxing, abogado de derechos humanos de 52 años cuya licencia profesional fue revocada en China en el marco de la persecución que el gobierno de Xi Jinping lanzó contra letrados y activistas, es una de las voces más críticas. «Las personas que llevan mucho tiempo viviendo en Japón están siendo expulsadas», afirmó.
El cambio que disparó las alarmas
En octubre de 2025, Japón elevó el capital mínimo exigido a las empresas patrocinadoras de visas de gestor comercial: pasó de 5 millones de yenes a 30 millones (unos 185.700 dólares). Además, se incorporó la obligación de contratar al menos a un ciudadano japonés o residente permanente en modalidad de tiempo completo.
Un funcionario de la Agencia de Servicios de Inmigración de Japón justificó los cambios como una herramienta para mejorar el control y evitar el abuso del sistema por parte de extranjeros que constituían empresas sin actividad real. Sin embargo, los propios afectados cuestionan la efectividad de la medida. «Aunque se endurezcan los requisitos, los vacíos legales van a seguir existiendo», señaló Li. «No se puede llegar a una solución de fondo por esta vía.»
Li llegó a Tokio en 2020, durante la pandemia de COVID-19, junto a su familia, buscando un mejor entorno educativo para sus hijos. Allí fundó el Foro de Humanidades de Tokio, un espacio de conferencias y grupos de lectura que se convirtió en punto de encuentro para quienes promueven la reforma democrática en China. Su familia gestiona también una agencia de viajes orientada al turismo chino, actividad que les permitía sostener la visa de gestor comercial.
El impacto en la comunidad
A fines de junio de 2025, alrededor de 45.000 extranjeros contaban con la categoría de gestor comercial en Japón; aproximadamente la mitad son ciudadanos chinos.
Para muchos de ellos, las nuevas exigencias resultan directamente incompatibles con la realidad de sus negocios. Un hombre de cuarenta y tantos años, nacido en Beijing, que frecuenta la oficina de Li, se mudó a Japón desde Estados Unidos huyendo del clima antiinmigrante que percibía en ese país. Considera que exigir la contratación de empleados japoneses a tiempo completo es inviable en un mercado laboral que ya enfrenta escasez de trabajadores. Si no logra renovar su visa, evalúa que podría verse forzado a regresar a China. «Japón parece estar siguiendo el mismo camino que Estados Unidos», dijo.
Otro caso ilustrativo es el de un hombre de cuarenta años oriundo de la provincia de Hunan, quien se había radicado en Japón con su familia en 2022. Tras enterarse de los nuevos requisitos durante una consulta de renovación, decidió retornar a China. «Japón ya no me parece atractivo», expresó, señalando que el país parecía querer expulsar a quienes habían cumplido con sus obligaciones fiscales y contribuido a la economía.
Una pérdida también para Japón
Tomoko Ako, profesora de la Escuela de Posgrado en Artes y Ciencias de la Universidad de Tokio, advierte sobre el costo que estas políticas tienen para el propio Japón. Según su análisis, el país se había convertido en un refugio importante para intelectuales chinos que perdieron la posibilidad de trabajar libremente en su país de origen.
«Son figuras clave que podrían funcionar como intermediarios en una relación —la sino-japonesa— que suele estar tensa», señaló. «Excluirlos sería un error grave.»
Li coincide con esa lectura: «Cerrarle la puerta a personas que vinieron a Japón buscando mayor libertad es también una pérdida para la sociedad japonesa.»
