El doble mecanismo de restricciones implementado entre 2012 y 2015 perjudicó a socios clave de Occidente y Asia-Pacífico. La OMC falló en contra de Buenos Aires y el propio Macri reconoció que eliminar la DJAI era cumplir con ese fallo.
En agosto de 2012, Estados Unidos presentó una demanda formal contra Argentina ante la Organización Mundial del Comercio. El motivo: un entramado de restricciones a las importaciones que el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner había construido para frenar el ingreso de productos del exterior y defender las reservas del Banco Central. Lo que en Buenos Aires se presentaba como política industrial, en Ginebra se llamaba de otra manera: violación sistemática del derecho comercial internacional.
El caso, identificado como DS444, no fue el único. La Unión Europea y Japón presentaron denuncias paralelas —DS438 y DS445— que la OMC unificó en un solo proceso dado que todas apuntaban a las mismas medidas. China, Corea del Sur, India y el Taipei Chino se sumaron como terceros interesados. El mapa de los afectados era, en buena medida, un mapa del Asia-Pacífico.
El mecanismo de las trabas
El gobierno kirchnerista operó con dos instrumentos principales. El primero fue la DJAI —Declaración Jurada Anticipada de Importación—, un sistema de autorización previa obligatoria para casi cualquier mercadería que ingresara al país. En teoría era un trámite aduanero; en la práctica, era una llave que el gobierno podía girar o no a su antojo. Sin DJAI validada, no había importación posible.
El segundo instrumento fue aún más llamativo: las llamadas Prescripciones Relacionadas con el Comercio (PRC), un sistema de condicionamientos informales —sin respaldo legal escrito— mediante el cual funcionarios exigían a las empresas importadoras que, para poder operar, cumplieran con alguna de estas obligaciones: exportar tanto como importaban, reducir sus volúmenes de compra al exterior, incorporar contenido nacional en su producción, realizar inversiones en el país o comprometerse a no repatriar ganancias.
El Grupo Especial de la OMC calificó esto como una medida única de aplicación sistemática y continua. No eran casos aislados: era política de Estado.
Quiénes pagaron el costo en Asia
Para los socios comerciales asiáticos de Argentina, el impacto fue concreto. Japón —uno de los principales proveedores de autopartes, maquinaria y electrónica al mercado argentino— fue parte demandante directa en el caso DS445. Tokio no solo reclamó por las restricciones en abstracto: presentó pruebas específicas de cómo la DJAI y las PRC afectaban a sus empresas exportadoras. No es un dato menor que las importaciones de productos japoneses tocaran su piso histórico precisamente en ese período: en 2016, apenas representaban el 1,7% del total importado por Argentina, frente al casi 10% de 1980, una caída que se profundizó durante los años de las DJAI.
China, aunque no demandó formalmente —en parte por sus propios intereses estratégicos en la relación bilateral con Buenos Aires—, se reservó derechos como tercero interesado. Para Beijing, que en esos años consolidaba su posición como principal socio comercial de Argentina, las trabas a las importaciones eran un problema real: productos chinos de todo tipo, desde textiles hasta electrónica y maquinaria, enfrentaban demoras, bloqueos o condicionamientos para ingresar al mercado.
Corea del Sur e India completaron el cuadro asiático de afectados. Todos observaron cómo Argentina construía una muralla informal que no figuraba en ningún reglamento publicado pero que era perfectamente efectiva para detener el comercio.
El fallo y sus consecuencias
En agosto de 2014, el Grupo Especial de la OMC falló contra Argentina en todos los puntos centrales: la DJAI era incompatible con el artículo XI del GATT —que prohíbe las restricciones a la importación— y las PRC violaban además el artículo III, que exige trato igualitario entre productos nacionales e importados. Argentina apeló y volvió a perder. El Órgano de Apelación confirmó el fallo en enero de 2015.
Buenos Aires acordó con Washington un plazo hasta el 31 de diciembre de 2015 para desmantelar el sistema. El 22 de diciembre de ese año, apenas doce días después de que Macri asumiera la presidencia, la AFIP publicó en el Boletín Oficial la Resolución General 3823 que eliminó la DJAI y la reemplazó por el Sistema Integral de Monitoreo de Importaciones (SIMI). El propio Macri había sido explícito antes de asumir: «Vamos a cumplir el fallo de la Organización Mundial de Comercio que nos pide que desmontemos este mecanismo.»
Una lección que sigue vigente
El caso DS444 es más que un expediente archivado en Ginebra. Es el registro jurídico de un período en que Argentina decidió cerrarle la puerta al comercio internacional —incluyendo a sus socios asiáticos— mediante mecanismos que evitaban deliberadamente la transparencia normativa.
En el contexto actual, cuando Buenos Aires negocia su inserción en cadenas de suministro globales, firma acuerdos con Estados Unidos en el marco de Pax Silica y busca atraer inversión asiática en minería y energía, este antecedente importa. Los socios del Asia-Pacífico tienen memoria institucional larga. Saben lo que Argentina fue capaz de hacer cuando priorizó la política doméstica sobre sus compromisos internacionales. La pregunta que se hacen hoy no es muy distinta a la de 2012: ¿es Argentina un socio confiable?
