La reforma sanitaria mexicana, anclada en una cédula de identidad digital con datos biométricos, promete eficiencia y menos corrupción. Pero organizaciones de derechos digitales advierten que la arquitectura que se está montando —bases de datos centralizadas, cámaras masivas y plataformas de inteligencia— replica los cimientos del sistema de control chino.
La presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, elegida en 2024 con casi el 60 por ciento de los votos, mantuvo buena parte de las políticas de su antecesor Andrés Manuel López Obrador, aunque con acentos propios: energías limpias, inversión público-privada y una digitalización masiva y acelerada del Estado. Su iniciativa insignia, la plataforma Llave MX, gestionada por la nueva Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones, busca unificar los datos de los ciudadanos para simplificar el acceso a servicios públicos e historiales médicos.
En el centro de esa apuesta está el Plan República Sana, que pretende integrar las principales instituciones públicas de salud y avanzar hacia la cobertura universal. La inscripción exigirá una identidad digital biométrica bajo el sistema de la Cédula Única de Identidad Digital (CURP), con fotografías, huellas dactilares y posiblemente escaneo de iris, con metas ambiciosas de cobertura hacia 2030. El argumento oficial es que la biometría centralizada reducirá la burocracia y la corrupción menuda.
Los críticos, encabezados por la Red en Defensa de los Derechos Digitales (R3D), advierten otra cosa: atar cada trámite estatal, pago de impuestos, consulta médica y beneficio social a una única identidad biométrica podría habilitar mayores niveles de vigilancia y multiplicar las vulnerabilidades de los datos. En un país donde cerca del 55 por ciento de la fuerza laboral se mueve en la economía informal, el sistema podría ayudar a formalizar la recaudación, pero al costo potencial de la privacidad.
El precedente chino
China funciona como punto de referencia y de alarma. La combinación de identidades digitales centralizadas con una red extensísima de cámaras le permitió desarrollar herramientas de rastreo, puntuación de comportamiento y control social. Sheinbaum prometió que su gobierno no espiará a los ciudadanos, pero la infraestructura que se construye en México —bases de datos centralizadas atadas a la biometría— despierta inquietud por el fenómeno que los especialistas llaman «function creep»: la expansión gradual de un sistema más allá de su propósito original.
El caso chino, precisamente, se armó por etapas. Comenzó con un programa de identificación nacional en los años ochenta, incorporó la recolección biométrica en los 2000 y luego se integró con reconocimiento facial, registros financieros y otros datos. En Xinjiang, esas herramientas de rastreo avanzado se aplicaron para la persecución étnica. La lección es que los sistemas justificados inicialmente por eficiencia y seguridad pública pueden, combinados, expandirse de maneras imprevistas. México difícilmente replique el modelo chino, pero la arquitectura merece un escrutinio cuidadoso.
La infraestructura de vigilancia ya existe
La agenda digital mexicana se conecta con una red de cámaras que no para de crecer. Como jefa de gobierno de la Ciudad de México entre 2018 y 2023, Sheinbaum amplió significativamente el parque de cámaras de la capital. Bajo la actual alcaldesa Clara Brugada, el programa «Ojos que te cuidan» sumó otras 30.400 unidades de alta resolución, llevando el total por encima de las 113.000 —el mayor sistema de videovigilancia urbana de las Américas—, con planes de llegar a 150.000 en 2030.
Combinada con el registro biométrico nacional de Llave MX y la Plataforma Central de Inteligencia, esa red podría sostener reconocimiento facial automatizado y rastreo en tiempo real. Investigaciones antropológicas sobre la Ciudad de México ya documentaron efectos prácticos preocupantes: falsos positivos, problemas en el manejo de evidencia y una dependencia excesiva del video en algunas causas judiciales. A eso se suma un dato conocido de sistemas similares en otros países: tasas de error más altas del reconocimiento facial con personas de piel oscura y mujeres, lo que en México podría afectar de manera desproporcionada a las poblaciones indígenas y mestizas.
Menos contrapesos, más poder para la seguridad
El cuadro se agrava por los cambios en las instituciones independientes. El gobierno de Sheinbaum trasladó la autoridad regulatoria sobre telecomunicaciones al Poder Ejecutivo tras la disolución del Instituto Federal de Telecomunicaciones. Y a mediados de 2025 se aprobaron la Ley de Investigación e Inteligencia y la Ley del Sistema Nacional de Seguridad Pública, que otorgan a la Secretaría de Seguridad y a la Guardia Nacional —bajo control militar— un acceso más amplio a registros biométricos, telefónicos, vehiculares, fiscales e inmobiliarios. La nueva Plataforma Central de Inteligencia aspira a interconectar esas bases de datos en todos los niveles de gobierno.
Organizaciones como R3D y Artículo 19 señalan la escasa supervisión judicial y la creciente militarización de las funciones de seguridad. El antecedente relevante es la decisión de la Suprema Corte de 2021-2022, que anuló un padrón biométrico de telefonía por razones de privacidad. El historial mexicano de filtraciones de datos añade otra capa de riesgo a la centralización. Y quedan desafíos de implementación nada menores: amplios sectores rurales y muchos adultos mayores enfrentan barreras de acceso a internet, dispositivos y alfabetización digital, por lo que la digitalización podría generar nuevas formas de exclusión.
Las big tech en la ecuación
El impulso digital del gobierno mexicano cultivó vínculos con gigantes tecnológicos globales como Nvidia, Microsoft y Palantir para inversiones en centros de datos, infraestructura de inteligencia artificial y formación de talento. No hay contrato confirmado entre la administración Sheinbaum y Palantir para sistemas centrales de inteligencia o biometría, pero la firma estadounidense acaba de expandir su presencia en México mediante un acuerdo con GNP Seguros, la mayor aseguradora del país, cuyas plataformas se usan para detección de fraude e integración de datos.
Como esas mismas plataformas sobresalen en vigilancia masiva y elaboración de perfiles, la expansión agresiva de Palantir en América Latina genera preguntas sobre cómo las herramientas privadas de inteligencia artificial podrían alimentar, con el tiempo, arquitecturas estatales de vigilancia. El gobierno también firmó acuerdos con Google, Meta y TikTok orientados en principio a combatir la violencia digital, aunque los críticos temen que esas alianzas aceleren la centralización de los datos ciudadanos.
Una ventana que todavía está abierta
El sistema sigue en construcción, y eso abre una oportunidad para que la sociedad civil incida en su dirección. La Suprema Corte ya frenó excesos biométricos en el pasado, y ese precedente, junto con la presión de organizaciones de derechos digitales y los estándares del sistema interamericano de derechos humanos, puede fortalecer la supervisión de la nueva plataforma de inteligencia. La atención inmediata está puesta en la reglamentación de la Ley de Investigación e Inteligencia, donde legisladores y defensores de la privacidad buscan incorporar supervisión judicial, minimización de datos, auditorías independientes y sanciones por uso indebido.
La agenda digital de Sheinbaum es ambiciosa y se presenta como una vía para mejorar la eficiencia, reducir la corrupción y ampliar el acceso a servicios. Pero al mismo tiempo ensambla las piezas clave de un sistema de datos centralizado: identidades biométricas, plataformas de inteligencia integradas, redes masivas de cámaras y un rediseño de los controles regulatorios. Su carácter de largo plazo dependerá de que las salvaguardas de transparencia, la revisión independiente y las protecciones legales se incorporen desde el inicio.
Encontrar el equilibrio entre seguridad, eficiencia y derechos será esencial, no solo para México, sino para la batalla más amplia contra el autoritarismo digital en América Latina.
